Cuándo se considera usura un préstamo o tarjeta revolving: Ley Azcárate

Qué dice la Ley Azcárate y por qué sigue vigente

La norma que se invoca en los litigios sobre intereses excesivos es la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, conocida como Ley Azcárate por el político que la impulsó. Tiene poco más de un siglo y apenas unos artículos, pero continúa en vigor y se aplica a los contratos de préstamo y, por extensión jurisprudencial, a los créditos y tarjetas de pago aplazado.

Su artículo 1 declara nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. La misma consecuencia alcanza a los contratos en los que se reconozca haber recibido más dinero del realmente entregado y a aquellos en los que el consentimiento se obtuvo aprovechando una situación angustiosa, la inexperiencia o una limitación de las facultades mentales del prestatario.

Lo relevante para un consumidor es lo que la ley no dice: no establece ningún porcentaje máximo. En España no existe un techo legal de TAE para el crédito al consumo, de modo que la calificación de usura la hace un juez caso por caso comparando el coste del contrato con el del mercado en el momento de la firma.

Cuándo un interés es "notablemente superior al normal del dinero"

La comparación que hacen los tribunales se hace con la TAE, no con el TIN, porque la TAE incorpora comisiones y otros gastos obligatorios y permite comparar productos distintos. El término de comparación no es el interés legal del dinero ni el tipo de una hipoteca, sino el tipo medio de las nuevas operaciones del mismo tipo de producto que publica el Banco de España en sus estadísticas.

El Tribunal Supremo fijó esa línea en 2015, al declarar usurario un crédito revolving cuya TAE superaba con holgura el doble del tipo medio del crédito al consumo de la época. En 2020 precisó que, cuando existe una serie estadística específica para las tarjetas revolving, la referencia debe ser esa media concreta y no la del crédito al consumo en general, que suele ser más baja.

En 2023 el Supremo dio un criterio cuantitativo para las revolving: se considera notablemente superior al normal del dinero la TAE que excede en más de seis puntos porcentuales la media publicada para ese producto en el momento de la contratación. Por debajo de ese margen, la vía de la usura difícilmente prospera, aunque el contrato pueda discutirse por otros motivos.

Para un préstamo personal clásico el razonamiento es el mismo, pero la media de referencia es la del crédito al consumo con ese plazo y finalidad. La jurisprudencia evoluciona, así que conviene contrastar el criterio vigente con un abogado o con una asociación de consumidores antes de iniciar una reclamación.

Por qué las tarjetas revolving son un caso aparte

En una tarjeta revolving usted paga una cuota mensual fija o un porcentaje del saldo, y el límite de crédito se recompone a medida que amortiza. Si la cuota es baja, buena parte de ella se destina a intereses y el capital apenas baja, de forma que la deuda puede prolongarse durante años aunque no vuelva a usar la tarjeta.

Ese funcionamiento explica dos cosas. La primera, que las TAE de las revolving sean muy superiores a las de un préstamo personal con cuadro de amortización cerrado. La segunda, que muchos litigios no se ganen por usura, sino por falta de transparencia: si el coste real y el mecanismo de recomposición del crédito no se explicaron de forma clara y comprensible, la cláusula de intereses puede declararse nula y el titular devolver solo el capital dispuesto.

La normativa específica de crédito revolvente aprobada en 2020 reforzó esas obligaciones de información y de evaluación de la solvencia, y exige que la entidad informe periódicamente de la evolución de la deuda. Revise esa comunicación anual y sus extractos: ahí verá cuánto de su cuota se va en intereses y cuánto reduce el saldo.

Qué ocurre si un contrato se declara usurario

La consecuencia que prevé la Ley Azcárate es severa y poco habitual en nuestro derecho: la nulidad del préstamo. El prestatario queda obligado únicamente a devolver el capital recibido, sin intereses ni comisiones, y la entidad debe restituir todo lo cobrado por encima de esa cantidad.

Es distinto del escenario de nulidad por falta de transparencia o por carácter abusivo de una cláusula. Ahí no cae todo el contrato, sino la cláusula de intereses, con un efecto práctico parecido en el caso de las revolving: se recalcula la deuda como si solo se hubiera dispuesto del capital.

Ninguno de los dos resultados es automático. Dependen de la prueba documental, del producto concreto, de la fecha de la firma y del criterio del juzgado. Antes de contratar servicios de reclamación con coste, pregunte en la oficina municipal de información al consumidor o en los servicios gratuitos de asesoramiento en materia de deuda de su ayuntamiento o comunidad autónoma.

Cómo comprobar si su crédito está en zona de riesgo

El análisis es sencillo si reúne la documentación. Siga este orden:

Con esos datos sabrá si su caso se mueve en la franja de un crédito caro pero legal o si hay margen para discutirlo. Entre nuestros colaboradores, los tipos nominales de los préstamos personales se sitúan entre el 3,95 % y el 19,95 %, una horquilla amplia que muestra cuánto depende el precio del perfil de solvencia y del producto.

La tabla siguiente compara el efecto del tipo de interés sobre la cuota y el coste total de un mismo importe y plazo. Un contrato puede no ser usurario y, aun así, multiplicar varias veces los intereses que pagaría con un tipo más bajo.

• Localice el contrato y la información normalizada previa, y anote la TAE pactada y la fecha de firma.
• Identifique el producto con precisión: préstamo personal a plazo fijo, crédito revolving o tarjeta de pago aplazado.
• Consulte el tipo medio que publicaba el Banco de España para ese producto en la fecha del contrato.
• Calcule la diferencia en puntos porcentuales entre su TAE y esa media.
• Guarde los extractos: acreditan lo dispuesto, lo pagado y la parte imputada a intereses.

Antes de firmar: plazo, cuota y coste total

La usura es el límite extremo. El trabajo real de un prestatario está antes: ajustar el importe, el plazo y la cuota a su capacidad de pago. Alargar el plazo reduce la cuota mensual, pero incrementa los intereses totales, y esa decisión suele pesar más en el bolsillo que unas décimas de TAE.

Nuestros colaboradores trabajan con importes de 1.000 € a 60.000 € y plazos de 1 a 8 años. En el ejemplo representativo, 10.000 € a 60 meses con un 6,95 % de TIN y un 7,18 % de TAE suponen una cuota de 198 € y un total adeudado de 11.867 €. La tabla muestra cómo cambia ese mismo importe según el plazo elegido.

Si el gasto puede esperar, un fondo de reserva y un presupuesto mensual escrito son casi siempre más baratos que cualquier crédito. Y si ya arrastra varias deudas caras, compare el coste total de una reunificación con el de seguir pagando cada producto por separado, intereses y comisiones incluidos.

Dos derechos que abaratan el crédito: desistimiento y amortización anticipada

La Ley 16/2011 reconoce un derecho de desistimiento de 14 días naturales en los contratos de crédito al consumo. Puede ejercerlo sin indicar motivo y sin penalización, comunicándolo por un medio del que quede constancia; después deberá devolver el capital dispuesto más los intereses devengados desde la disposición hasta el reembolso, en el plazo de 30 días naturales desde el envío de la comunicación.

Ese plazo es una red de seguridad útil cuando se firma con prisa o cuando, al leer el contrato con calma, aparecen seguros vinculados o comisiones que no se habían valorado. Compruebe en el contrato cómo debe notificarlo y a qué dirección.

La amortización anticipada es el otro derecho clave. La misma ley permite reembolsar total o parcialmente antes de plazo y limita la compensación al 1 % del capital anticipado si el periodo restante supera un año, y al 0,5 % si es igual o inferior. No procede compensación cuando el reembolso se produce en un periodo en el que el tipo no es fijo, cuando se hace en ejecución de un contrato de seguro que garantiza el crédito o cuando lo amortizado en los últimos doce meses no supera los 1.000 €.

Además, la compensación no puede superar el importe de los intereses que el prestatario habría pagado durante el periodo entre el reembolso anticipado y el vencimiento pactado. Si la comisión que le reclaman no cuadra con estos límites, pida el desglose por escrito antes de pagar.

Cómo reclamar: de la entidad al Banco de España

El primer paso es siempre el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad, con una reclamación escrita que identifique el contrato, la TAE aplicada y lo que solicita. Conserve el acuse de recibo y la respuesta.

Si pasa un mes sin respuesta o la respuesta no le satisface, puede presentar la reclamación ante el Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, de forma gratuita y por su sede electrónica. El Banco de España valora si la entidad ha cumplido la normativa de transparencia y las buenas prácticas, pero sus informes no son vinculantes ni condenan a devolver cantidades.

Para recuperar dinero por un contrato usurario o por una cláusula no transparente hace falta la vía judicial. Antes de dar ese paso, pida una valoración del caso y del coste del procedimiento, y recurra a los recursos públicos y gratuitos: oficinas municipales de información al consumidor, servicios de consumo autonómicos y asociaciones de consumidores. El Ministerio de Consumo y el Banco de España publican además guías sobre crédito al consumo y tarjetas que ayudan a entender los conceptos antes de firmar o reclamar.

Mientras se resuelve, evite dos errores frecuentes: dejar de pagar sin asesoramiento, porque puede acabar inscrito en un fichero como ASNEF y reflejado en su historial, y contratar nuevo crédito para cubrir el anterior sin haber recalculado su capacidad de endeudamiento. (Reunificar deudas).

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